En la praxis judicial, es conocido el instituto jurídico de la Legítima Defensa, que con asiduidad suele ser invocado por los operadores jurídicos, en pos de establecer posición con respecto al accionar de un sujeto en determinado contexto fáctico.
Este conocimiento, ahora ya no de forma técnica jurídica, también despierta el interés de legos de nuestra sociedad, no incluidos en el sistema jurídico como operadores, que deba-ten del instituto y lo oponen en el diario intercambio de opiniones sobre hechos judicializados y de común conocimiento por los medios periodísticos o sociales que abordan.
Son múltiples los antecedentes jurisprudenciales al respecto, como así los estudios dogmáticos que con el devenir de los tiempos vienen a sumar conocimiento jurídico al res-pecto. Obviamente porque esta causa de justificación enerva la antijuridicidad de una acción que bajo otras condiciones resultaría reprochable penalmente a su autor. Pero que no sucede en esas especiales circunstancias, que lo convierten en permisos legales para actuar en esa dirección.
El autor, aborda el instituto jurídico que justifica la defensa legítima de la propia persona, de terceros o de los derechos.